De dónde venimos, a dónde vamos y quién paga esto

¿Qué razones explican tanta disputa y su cultura política, “el insularismo”?La respuesta es bien sencilla: no hubo una política ni una ideología en clave nacionalista porque el espacio económico y político de la via isleña al capitalismo era la isla y no el Archipiélago. Esto significa que el modelo que desde la segunda mitad del siglo XVI había articulado la estructura productiva del archipiélago a través de un mercado interior de bienes y servicios se vio sustituido por otro en el que cada isla dio la espalda a su vecina”. (Antonio M. Macías Hernández “Revisiones y Provocaciones”)

La cursilería oficial establece que la Canarias democrática nació en 1982 con la aprobación del Estatuto de Autonomía. Naturalmente, es una estupidez como otra cualquiera.

Puestos a buscarle cuna a esta criatura tal vez fuera mejor viajar hasta las Cañadas del Teide, en 1978, cuando se creó la primera Junta Preautonómica de Canarias hervida en el caldo de los enfrentamientos entre los viejos poderes de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria. O incluso más atrás, con las primeras elecciones democráticas de 1977 y nuestros flamantes nuevos diputados, en aquella época en la que ser político aún tenía un halo de prestigio. Y si quisiéramos ser históricamente rigurosos, esta Canarias nació incluso un poco antes, cuando un reducido grupo de activistas–aún no se había muerto Franco y no se había producido la milagrosa transubstanciación de miles y miles de dóciles ciudadanos en fervorosos luchadores por la libertad—rumiaba cómo serían los cambios tras la descomposición final de un régimen que daba sus últimas boqueadas.

Carrero Blanco ascendió a los cielos (al menos hasta una azotea de Claudio Coello) y el sucesor en la jefatura del Estado elegido por Franco, el príncipe Juan Carlos, en las primeras olimpiadas monárquicas de la era moderna, consumó un grácil salto pasando el listón sucesorio que correspondía a su padre y restaurando en España una Monarquía Parlamentaria y una democracia basada en el reconocimiento de las nacionalidades (el “viejo problema” de España). Nuestro Estatuto de Autonomía de Canarias es un texto político que intentó–y consiguió— responder a dos cuestiones esenciales. Por una parte, dar salida a las tensiones interterritoriales del Archipiélago. Por la otra, establecer una organización política capaz de participar en el proyecto de descentralización previsto en la Constitución española de 1978.

El mal llamado pleito insular –la competencia política y económica entre las dos capitales surgidas tras la división de Canarias en dos provincias, en 1927– seguía en la preautonomía más vivo que nunca. Los redactores del Estatuto realizaron un alambicado juego de encajes para conseguir un múltiple sistema de equilibrio de poderes en las Islas, la “triple paridad”, que igualaba las fuerzas entre los diputados electos de islas menores “contra” mayores y de una provincia “contra” la otra. El reparto de sedes fue otra jerigonza típicamente canaria, distribuyendo poderes como el que cambia cromos y sólo se solventó por el despiste de la burguesía grancanaria, que aceptó como buena la delegación del Gobierno central a cambio de cederle a Tenerife la sede del Parlamento, en la creencia –de aquel entonces—de que sería más importante la estructura de la Administración central en las Islas que un Parlamento por cuya influencia futura nadie daba media peseta. Craso error.

Lo verdaderamente importante de aquellos años, importante para los que estamos pagando hoy sus resultados, es determinar por qué en vez de articular una administración eficaz, sencilla y barata hemos acabado con todo lo contrario (una poco eficaz, compleja y cara). Lo natural hubiera sido que Canarias se gobernase a través de los Cabildos. Pero en las corporaciones insulares estaban los restos del franquismo y las mancomunidades olían a naftalina. La modernidad imponía un Parlamento y un Ejecutivo, con sus carteras, sus sedes, sus direcciones generales y toda la pesca. Y así comenzamos una esquizofrénica duplicación de recursos e infraestructuras de gobierno. Con Santa Cruz y Las Palmas como escenarios de la comedia, cada capital se convirtió en un espejo donde se tenía que reflejar una mímesis más o menos exacta de lo que se planteaba en la otra. Las sedes de la presidencia, las de las consejerías, los altos cargos, los edificios… se fueron esparciendo por las dos capitales con sus correspondientes inquilinos, multiplicados para estar divididos a uno y otro lado de la grieta (me refiero a la geológica, que también existe) que separa la bicefalia canaria.

A pesar de todo –incluso de todo lo anterior—los primeros años democráticos continuaron el proceso de progreso que hacía iniciado Canarias desde la Ley de REF de 1972. El comercio y el turismo se convirtieron en los dos propulsores de una nueva etapa de prosperidad (nueva porque Canarias ya había vivido muchas en los buenos tiempos de las libertades comerciales y los puertos francos). Pero mientras el aparato de la administración seguía su imparable consolidación y el incremento de sus efectivos humanos y materiales, a comienzos de la década de los años 90, las Islas Canarias deciden dar un paso decisivo; integrarse plenamente en el cordón aduanero de la Comunidad Económica Europea. Fue el último acto de una paulatina renuncia a un modo de ser insular netamente diferenciado del continental; la crónica final (el suicidio) de nuestras exenciones fiscales y al consumo, de nuestra libertad comercial, de una tradición que se remontaba a los primeros privilegios ofrecidos por los Reyes Católicos a los colonos que venían a Canarias y proseguido en el tiempo por los diferentes regímenes del Estado.

A partir de ahí comenzamos a dibujar el escenario en el que vivimos hoy. Por una parte, la generosa Europa nos compensó con una lluvia de millones por haberles quitado de encima el problema de tener una parte del territorio de un estado miembro con una pata dentro y otra fuera del cordón aduanero europeo (Previamente, el Estado español había permitido tácitamente la extinción de la industria tabaquera canaria y la eutanasia de las flotas pesqueras que se movían por las islas, entre otras hazañas) Nos empezaron a llover los millones (por ser objetivo uno, por subvenciones agrarias, por el régimen de abastecimientos específicos, por el Poseicán, por el Feder…) y empezamos a creernos que esto duraría para siempre. Un chollo. Movíamos las orejas, poníamos cara de desgraciados, sacábamos de la chistera geopolítica el conejo de un archipiélago tan lejano (pobrecito, allí abajo al lado de Africa) y en Bruselas y en Madrid lloraban con lágrimas millonarias que resbalaban por sus mejillas presupuestarias para caer lánguidamente en las arcas del Gobierno autonómico y algunos sectores empresariales.

El Gobierno se olvidó que para ser realmente autónomo más le valdría financiarse con la riqueza generada por la actividad económica de Canarias. Pero esto, que podría entenderse como el principio esencial del más genuino nacionalismo, debió perderse en algún meandro mental del criollismo canario. Ni que decir tiene que para otras opciones políticas, más pendientes aún del ascenso a la culiparlancia madrileña, no tuvo tampoco la menor trascendencia.

Casi tres décadas después nuestra apacible siesta ha terminado bruscamente. La democracia es cara. Y el Estado de las Autonomías aún más. Y cuando todo sentido de la mesura se pierde por una actuación política que convierte los gobiernos en oficinas de empleo y gran parte de los presupuestos en gastos sin progreso social, al primer golpe de viento se rompe el velamen. Dejando a un lado el naufragio de España ante la recesión económica, Canarias también se enfrenta a sus propios demonios. Además de la crisis general, tenemos nuestra propia crisis estructural. Una crisis en el costo, estructura  y eficacia de la administración pública. Una crisis en nuestro modelo fiscal y su falta de coherencia con los sectores económicos que nos han dado de comer. Tenemos una burbuja pública crecida a la fresca sombra de tres décadas de subvención y una pérdida absoluta de la orientación en el mapa de nuestro desarrollo económico.

Resulta obvio decir que podemos superarlo. De hecho, otros, mucho antes que nosotros, con peores comunicaciones, menor capital humano y mayores problemas, lograron hacerlo. Nuestro asunto hoy no debe ser la mirada retrospectiva hacia el mito romántico de nuestros orígenes. Nuestra mirada debe estar clavada en el futuro. No existe el dinero público. El dinero público es el que pagan las empresas y trabajadores privados. Y se obtiene de la actividad empresarial y del trabajo.  Debemos aterrizar y pronto en la evidencia de que este Archipiélago ha vivido del turismo y debe vivir del comercio. Y sobre esos pilares edificaremos nuestra iglesia, con independencia de que sería más que bueno reducir el  número de curas que al final terminen diciendo la misa.

Tenemos que “rehacernos” en el más amplio sentido de la palabra. Y tan solo la imponente mediocridad de la política contemporánea, perdida en un piélago de barbechos electorales, y el absentismo intelectual de los más ilustrados canarios (reacios a salir de su ostracismo ante una sociedad belenestebanizada) hace que aquí sigamos celebrando el cumpleaños de la criatura cuando deberíamos haberla llevado al médico.

About admin

Jorge Bethencourt es periodista y empresario. Fue subdirector del periódico Diario de Avisos, director de La Gaceta de Canarias y el primer director de la Radiotelevisión Canaria. Además ha sido consejero de RTVE y colaborador en diversos programas de radio y televisión. Es autor de varios libros y columnista habitual en los rotativos canarios. Presidió la Asociación de la Prensa de Tenerife entre 1995 y 2007. En la actualidad escribe en Criterios del periódico El Día, es comentarista editorial en el programa "La Portada" de Radio Club Tenerife (Cadena Ser) y dirige su propia agencia de prensa.
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